Autor: CENDEROS

En el marco de esta conmemoración mundial, desde el Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS), se llevó a cabo un concierto virtual, con la participación de artistas de diversas categorías con números culturales, para establecer unión, solidaridad y brindar mensajes de apoyo a las personas en condición de refugio en Costa Rica.

Apostamos a que las personas en condición de refugio en Costa Rica puedan acceder a sus derechos y no ser objeto de discriminación, xenofobia, racismo o cualquier acción que atente contra su integridad, es por ello que contactamos a varios artistas, para que juntos y juntas, hagamos eco por las y los refugiados en el mundo en particular por quienes se encuentran en Costa Rica.

Participaron en el concierto:

Katia y Nina Cardenal
Alejandra Vega
Marimba Hermanos Palacios
Greivin Rodríguez
Olguita Acuña y Ramiro Vega
Segundo Flores
Luis Pastor
Gaby Baca
Gioconda Belli
Galería 16
Mario Ruiz
Tirzo Berrios
Noelia Navarro
Jandir Rodríguez
Vanesa Quesada
Luis Enrique Mejía Godoy
Alma Rodríguez
Licdos. en Cantinas – Bandoleros
Carlos Mejía Godoy

En el marco de esta conmemoración mundial, desde el Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS), tendremos un concierto virtual el sábado 20 de junio, que albergará la participación de artistas de diversas categorías con números culturales, para establecer unión, solidaridad y brindar mensajes de apoyo a las personas en condición de refugio en Costa Rica.

Apostamos a que las personas en condición de refugio en Costa Rica puedan acceder a sus derechos y no ser objeto de discriminación, xenofobia, racismo o cualquier acción que atente contra su integridad, es por ello que contactamos a varios artistas, para que juntos y juntas, hagamos eco por las y los refugiados en el mundo en particular por quienes se encuentran en Costa Rica. 

El Concierto se divulgará como Evento desde la pagina de Facebook, el día sábado 20 de junio en horario de 4 p.m a 6:00 p.m

Organizaciones solicitan que se investigue y actúe con diligencia ante las serias denuncias de amenaza e intimidación contra familias refugiadas en Upala

San José, 28 de abril de 2020.- El pasado 23 de abril, personas refugiadas y solicitantes de asilo nicaragüenses, denunciaron que autoridades costarricenses -principalmente oficiales de la Fuerza Pública y Migración- allanaron con actitudes violentas la finca en que viven y trabajan en Upala.

Según las declaraciones de las personas en el lugar, en el operativo participaron cerca de 35 representantes de la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Ministerio de Salud, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y la Municipalidad de Upala, quienes llegaron a la finca en al menos 10 vehículos oficiales. 

De acuerdo con los testimonios recabados, los oficiales ingresaron a la finca alrededor de las 10:00 de la mañana “fuertemente armados”, sin identificarse y de manera inapropiada, allanaron viviendas y desalojaron a los ocupantes de sus cuartos, entre los que se contaron adultos, niños, niñas y personas adultas mayores que se encontraban durmiendo. No presentaron ninguna explicación u orden que justificara su entrada a la propiedad privada que las personas campesinas alquilan en la zona.

Una vez ahí, las reunieron en el área de cocina pidiendo que mostraran sus documentos personales. Según el relato de las familias afectadas, las autoridades trasladaron a la oficina de Migración de Upala a un joven de 24 años solicitante de refugio por no haber asistido a su última cita y, si bien le otorgaron una nueva fecha para presentarse, uno de los oficiales lo atemorizó con deportarlo a Nicaragua si volvían a encontrarlo en la finca, desconociendo con ello el “principio de no devolución” al que se adscribe Costa Rica en el Derecho Internacional para la solicitud de refugio. 

Las personas afectadas sostienen en sus declaraciones que los oficiales de policía les expusieron a aglomerarse, sin el distanciamiento necesario y sin tomar ninguna medida de prevención para evitar el contagio por el COVID-19. Al parecer, el trato fue irrespetuoso e intimidante, incluso amenazándoles con quemar una construcción dentro del terreno destinada a resguardar animales.

Desde el Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (CENDEROS), el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, el Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organizaciones que acompañamos a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en el país, manifestamos nuestra profunda preocupación y solicitamos la investigación respectiva ante los hechos tan graves que aquí se exponen.

Sobra decir que estas personas han padecido las consecuencias de la violencia estatal en su país de origen y por eso rechazamos cualquier accionar que derive en nuevas formas de revictimización en Costa Rica, dónde han tenido que huir para resguardarse. Hemos recuperado los fuertes testimonios de este evento específico en Upala, que nos alerta, pues podría ser apenas un ejemplo de una práctica recurrente en los niveles primarios de atención o respuesta interinstitucional, en lo que respecta al trato que reciben las personas extranjeras.  

Ante la crisis de salud que enfrentamos a nivel mundial, reconocemos la oportuna respuesta del Estado de Costa Rica que ha logrado mitigar la propagación del virus y prestar atención adecuada a las personas que lo han requerido. Sin embargo, insistimos en que se corre el riesgo de que el contagio del COVID-19 resulte en crecientes manifestaciones de discriminación y xenofobia en Costa Rica y ese es un punto que el Estado debe seguir observando con gran atención. El caso de Upala puede ser expresión de esta preocupante dinámica.

Así, el Estado de Costa Rica tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de grupos como el antes descrito.  Si bien es de aplaudir las formas en las que se han evitados discursos o medidas discriminatorias, estigmatizantes o xenofóbicas en relación con la población migrante o extranjera en esta coyuntura de emergencia sanitaria, la sensibilización y la información no están en todos los niveles de la función pública, como lo han insistido diferentes organizaciones desde hace años. Eso por eso que se deben adoptar medidas positivas para combatir dichas prácticas discriminatorias y contraproducentes. 

El Estado costarricense tiene también la obligación de garantizar el acceso de todas las personas a buscar y recibir asilo. En este sentido, recordamos que las medidas implementadas en respuesta al COVID-19, incluido el cierre de fronteras, no pueden impedir que quienes necesitan protección internacional puedan solicitarla, ni deben justificar la devolución de personas solicitantes de asilo o refugiadas a territorios donde estarían en riesgo. 

Confiamos en que los hechos ocurridos el pasado 23 de abril serán investigados, incluidas las amenazas dirigidas de deportación o violencia, con el fin de sancionar a los funcionarios responsables, garantizar la vida e integridad de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, y enviar un mensaje claro de que este comportamiento no será tolerado. 

Esperamos que el Estado de Costa Rica continúe tomando todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de la población, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna por estatus migratorio o nacionalidad.

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