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La problemática estructural de la violencia basada en género, como un fenómeno social, político, económico y cultural no muestra tendencias a reducirse en Costa Rica. Por el contrario, para el 2009 se registraron al menos 24 000 denuncias por violencia intrafamiliar (un 8% más que las reportadas durante el 2008) y 32 casos de femicidios que también incrementaron con respecto al año anterior. Por su parte el Instituto Nacional de Mujeres (INAMU), reportó que de 16 femicidios ocurridos en el primer trimestre del año 2010, el 70% son nicaragüenses. En las comunidades de influencia del proyecto, se refleja una situación similar, en el cantón de Upala por ejemplo, de 983 denuncias interpuestas, el 70% responde a mujeres migrantes nicaragüenses.

Las mujeres migrantes que residen en Costa Rica se ven expuestas al acoso sexual, explotación laboral y alto índice de violaciones y abuso sexual de acuerdo a informes de la policía e indagaciones propias. Las condiciones de pobreza, insalubridad, el desarraigo y aislamiento de estas poblaciones, el sentimiento de indefensión que priva entre ellas, detona el ciclo de violencia entre los hogares nicaragüenses. Lo anterior re-victimiza doblemente a la mujer: por género y por ser migrante. La mujer migrante en condición de irregularidad es triplemente vulnerable ante la violencia de género, ya que no solo su condición de mujer la limita, sino el abuso de poder a que es sometida y el irrespeto a sus derechos humanos.

Una de las causas identificadas que influyen sobre esta realidad, está relacionada con el acceso a la justicia: Según estadísticas del Poder Judicial de Costa Rica, entre 2007 y 2009, se presentaron ante el Ministerio Publico, 25,199 casos, de ellos el 60% fue desestimado por el mismo Ministerio Publico y el 8,1% es sobreseído, y solo el 2,42% tienen un fallo condenatorio definitivo. Debido a que los procesos para la solución de los mismos en Costa Rica son lentos y representan altos costos económicos para las víctimas. Como consecuencia, las mujeres migrantes no ponen denuncia, puede acudir a buscar ayuda psicológica pero no se animan a dar el paso de la denuncia, y si lo hacen abandonan los procesos a medio camino. La lentitud de estos procesos expone a las mujeres a la muerte o cuanto menos a la agudización de los ciclos de violencia e intensidad de los mismos.