Cenderos junto a otras organizaciones de sociedad civil sostuvimos encuentro con diputados y diputadas para expresar que la integración efectiva de las personas refugiadas y solicitantes de refugio no debe entenderse como una carga para el Estado. Por el contrario, representa una oportunidad estratégica para fortalecer la economía, reducir la informalidad, ampliar la base contributiva y promover una mayor cohesión social, al tiempo que se afirman los principios de humanidad y respeto sobre los que se ha construido este país.
PRONUNCIAMIENTO
Las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y organizaciones religiosas que suscribimos este pronunciamiento hacemos un llamado urgente a las autoridades nacionales para aprovechar una oportunidad estratégica para Costa Rica: la integración plena de las personas refugiadas y solicitantes de refugio como factor de desarrollo económico y cohesión social. Para lograrlo, hacemos un llamado a las autoridades nacionales para cerrar las brechas persistentes entre el marco normativo en materia migratoria y su implementación real.
Costa Rica ha construido a lo largo de décadas un sistema jurídico sólido y alineado con estándares internacionales para la protección de personas refugiadas y solicitantes de refugio. Sin embargo, en la práctica, la respuesta al refugio se enfoca en resolver temas humanitarios y de seguridad, desde una perspectiva a corto plazo que limita a los refugiados y solicitantes de refugio contribuir plenamente con sus capacidades y habilidades a sus comunidades de acogida. A pesar de la normatividad, más de 300,000 personas permanecen atrapadas en procesos administrativos lentos, fragmentados y, en muchos casos, inaccesibles, sin posibilidad de integrarse plenamente a la economía nacional. Esta situación no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también limita de manera significativa la capacidad del país para aprovechar plenamente el aporte económico y social de estas poblaciones.
Actualmente, el acceso al refugio y otros procesos de regularización enfrenta barreras sistemáticas que lo vuelven inalcanzable. Miles de personas enfrentan dificultades exacerbadas para solicitar refugio debido a posibles prácticas inconstitucionales de las autoridades migratorias que diluyen el acceso al refugio, como negar solicitudes de refugio en la frontera norte o empujar a solicitantes de refugio de nacionalidad venezolana a trasladarse a Paso Canoas para pedir protección internacional. Además, quienes logran iniciar el proceso enfrentan esperas de años para obtener una resolución, quedando sin documentación vigente ni acceso a servicios básicos, forzados a insertarse precariamente en la economía informal en condiciones vulnerables que reducen su potencial de contribución.
Este escenario resulta particularmente contradictorio si se considera que las personas refugiadas y solicitantes de refugio ya desempeñan un papel relevante en la economía nacional. De acuerdo a un estudio del Fondo Monetario Internacional, entre 2017 y 2021 aportaron aproximadamente el 6,5% del Producto Interno Bruto, además de contribuir al sistema fiscal y de seguridad social cuando logran acceder al empleo formal. La evidencia internacional demuestra que cuando se reducen las barreras legales, administrativas y sociales, estas poblaciones no solo se integran con mayor éxito, sino que generan beneficios económicos netos para los países de acogida. Costa Rica ya reconoce esta realidad. La Política Migratoria Integral 2024-2034 y el Plan Nacional de Integración 2023-2027 consagran la integración de personas refugiadas y solicitantes en los sistemas nacionales como prioridad de desarrollo y cohesión social.
Frente a este panorama, el principal desafío no es la ausencia de legislación, sino la falta de mecanismos efectivos de coordinación, ejecución y rendición de cuentas. La política migratoria en Costa Rica continúa dependiendo en exceso de decisiones administrativas dispersas, sin una rectoría institucional suficientemente clara ni estructuras que garanticen su implementación sostenida en el tiempo. La coordinación interministerial depende de la voluntad política de cada administración, y no de estructuras institucionales estables y exigibles.
Por ello, instamos a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo a adoptar medidas concretas que permitan cerrar esta brecha. Esto requiere fortalecer la gobernanza de la política migratoria mediante mecanismos formales de coordinación interinstitucional que aseguren la implementación efectiva de la política pública, con seguimiento y rendición de cuentas. La integración de personas refugiadas y solicitantes debe incorporarse como prioridad explícita en los planes nacionales de desarrollo, con indicadores, responsables y recursos definidos. Asimismo, los fondos legalmente establecidos para la atención de esta población deben llegar efectivamente a las entidades responsables de implementar las políticas de integración, garantizando que las personas refugiadas accedan en igualdad de condiciones a los servicios y programas que el Estado ofrece.
De igual forma, resulta imprescindible garantizar el acceso efectivo al refugio, mediante la asignación adecuada de recursos y la corrección de prácticas administrativas que actualmente vulneran la ley vigente. La Asamblea Legislativa debe convocar a las autoridades de migración a rendir cuentas y exigir medidas correctivas concretas. También, es necesario ampliar las vías de regularización incorporando formalmente en la legislación los criterios de la Declaración de Cartagena, que reconoce a personas desplazadas por violencia generalizada, y creando categorías migratorias complementarias que permitan regularizar a personas que ya forman parte activa de la economía nacional. Para las poblaciones en situación de vulnerabilidad extrema que no califican bajo los mecanismos existentes, debe explorarse la creación de una categoría de protección temporal o visa humanitaria.
En paralelo, deben eliminarse las barreras que dificultan el acceso al empleo formal, incluyendo la falta de claridad normativa sobre los documentos habilitantes para trabajar y las limitaciones en el reconocimiento de títulos y competencias. Esto requiere fortalecer el rol del Ministerio de Trabajo para garantizar no solo el cumplimiento de los derechos laborales y la inspección en sectores de alta informalidad, sino también para desarrollar estrategias activas de inserción laboral que aprovechen las capacidades de las personas refugiadas y solicitantes en sectores donde Costa Rica presenta déficit de mano de obra, generando beneficios para el país y para estas poblaciones. Finalmente, cualquier política pública en esta materia debe incorporar un enfoque diferenciado que atienda las necesidades específicas de poblaciones en condición de mayor vulnerabilidad, incluyendo mujeres, niñez, personas indígenas y otros grupos históricamente excluidos.
La integración efectiva de las personas refugiadas y solicitantes de refugio no debe entenderse como una carga para el Estado. Por el contrario, representa una oportunidad estratégica para fortalecer la economía, reducir la informalidad, ampliar la base contributiva y promover una mayor cohesión social, al tiempo que se afirman los principios de humanidad y respeto sobre los que se ha construido este país.
Costa Rica cuenta con las herramientas legales necesarias. Lo que se requiere ahora es voluntad política para hacerlas funcionar.
Hacemos, por tanto, un llamado a las autoridades nacionales para que asuman este desafío con la urgencia y la responsabilidad que demanda. Integrar plenamente a quienes ya forman parte de nuestra sociedad no es sólo un imperativo ético, es una decisión inteligente para el desarrollo presente y futuro del país.
Organizaciones Firmantes
- A Rocha Costa Rica
- Acción Universitaria
- Asociación Azomalli
- Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU)
- Asociación Promoción Claretiana para el Desarrollo (PROCLADE)
- Asociación Unidad Juvenil y Estudiantil para el Desarrollo Regional
- CENDEROS
- Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM)
- CISAS
- Fundación Mujer
- Global Strategic Litigation Council
- IRCA CASABIERTA
- Comisión Nacional de la Pastoral de Movilidad Humana, Conferencia Episcopal de Costa Rica
- Refugees International
- Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica
- Universidad de Costa Rica (UCR), Escuela de Ciencias Políticas, TC-738