Análisis del Problema al que se busca contribuir:
En Costa Rica la violencia basada en género dirigida hacia las mujeres migrantes, viene presentando un aumento, incluso superior a la experimentada por las mujeres costarricenses, reportándose, por parte del Instituto Nacional de Mujeres (INAMU), que de 16 femicidios ocurridos en el primer trimestre de este año, el 70% son nicaragüenses. En las comunidades de influencia del proyecto, se refleja una situación similar, en el cantón de Upala por ejemplo, de 983 denuncias interpuestas, el 70% responde a mujeres migrantes nicaragüenses. En Alajuelita: Durante el 2008 se recibieron 96 casos de violencia doméstica, de esos, casos 46 son de mujeres migrantes nicaragüenses, es decir el 58%. Estamos hablando de casos denunciados. En San Ramón de un total de 201 casos denunciados, 46, casi el 23%.
Esta problemática tiene como causa inmediata la desinformación sobre sus derechos humanos y en específico su condición migratoria y el ejercicio de esos derechos; no tienen suficiente información sobre dónde acudir en los casos de violencia, se desconocen los instrumentos legales y sus derechos, lo que tiene como consecuencia que muchas de ellas, se inhiban de poner denuncias por temor a una deportación, o por considerar que no tienen esa opción y la violencia queda invisibilizada. En este mismo sentido, la creencia de que la violencia basada en género es un asunto privado y doméstico, incide en que tampoco se denuncie.
Otra de las causas identificadas en ese mismo nivel está relacionada con el acceso a la justicia, debido a que los procesos para la solución de los mismos en Costa Rica son lentos y representan altos costos económicos para las víctimas. Como consecuencia, las mujeres migrantes no ponen denuncia, puede acudir a buscar ayuda psicológica pero no se animan a dar el paso de la denuncia, y si lo hacen abandonan los procesos a medio camino. La lentitud de estos procesos expone a las mujeres a la muerte o cuanto menos a la agudización de los ciclos de violencia e intensidad de los mismos.
La dependencia económica hacia el compañero y la falta de redes de apoyo familiar, social e institucional se identifican como otras causas que inciden de manera directa sobre el incremento de la violencia contra las mujeres migrantes. Cenderos ha reiterado que la falta de redes de apoyo es lo primero que las mujeres pierden al migrar, redes para el apoyo a las tareas de crianza y reproducción del grupo familiar; redes sociales que contienen emocionalmente y apoyan a las mujeres en diferentes situaciones. Al migrar, se encuentra sola, o solo con su núcleo familiar, carece entonces de lugar dónde acudir en caso de violencia. Muchas no pueden irse a los refugios con cuenta el país para estos casos por que no tienen dónde dejar a sus hijos e hijas ya que no aceptan a mayores de 12 años, y porque implica abandonar todo por lo que ha trabajado y le dio sentido a su decisión de migrar. Esta realidad de la mujer migrante es desconocida por las instituciones y funcionarios vinculados al tema de violencia, por lo que sus decisiones no siempre son eficaces para detenerla.
Las mujeres jóvenes, son invisibilizadas dentro del fenómeno migratorio, encontrándose en una situación de vulnerabilidad incluso mayor que las mujeres adultas. Son las que se encuentran en una mayor condición de irregularidad migratoria, cuestión que les limita el acceso a derechos fundamentales. El embarazo adolescente forzado, como expresión de la violencia basada en género, es alarmantemente alto, dentro de las estadísticas, el mayor porcentaje de adolescentes embarazadas en Costa Rica son de origen nicaragüense. Las jóvenes consultadas por Cenderos manifiestan presión de la familia y de la estructura social para el embarazo temprano, como una vía para obtener la regularización, o bien salir de la casa. Las mujeres jóvenes sufren abuso y acoso sexual recurrentemente en los lugares de trabajo y es utilizado como exigencia para la no deportación o bien para la obtención de un permiso de trabajo o de residencia, una clara relación de poder hacia ellas. El abuso sexual por parte de padrastros es frecuente en los hogares de migrantes nicaragüenses que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad generadas por estructuras sociales patriarcales que se agudizan con la migración y la extrema pobreza.
Los hombres nicaragüenses perciben que con la migración pierden su estatus ya que están en una posición de sumisión, son humillados y violentados en sus derechos humanos también, acumulando frustración, lo que desencadena comportamientos violentos hacia las mujeres.
La condición de irregularidad migratoria, y por ello, la falta de acceso a la salud preventiva, junto a todo lo anterior, coloca a la mujer migrante en mayor riesgo de contagio de infecciones de trasmisión sexual y el VIH, asociadas ambas a la violencia basada en género. El abuso sexual conyugal es reportado como una de las formas de violencia que más afecta a nuestras mujeres, según sus propios relatos.
Por otra parte, las organizaciones sociales y comunitarias costarricenses invisibilizan la presencia de mujeres migrantes, adultas y jóvenes, y no promueven su participación en los espacios públicos, por lo que muchos problemas de las mujeres nicaragüenses no son reconocidos a nivel comunitario, por lo que no participan (y tampoco son consultadas) en las redes de lucha contra la violencia basada en género.
Hay una clara ausencia de políticas públicas y políticas institucionales dirigidas a la mujer migrante, están ausentes de las políticas género y solo vistas como estadísticas en las oficinas forenses o judiciales. Hay una influencia religiosa que legitima la relación de poder del hombre sobre la mujer, así como la sumisión y la reclusión al ámbito privado.
Hay una legitimación de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres influenciada por el sistema patriarcal, situación de la que no se escapa la legislación migratoria vista como relación de poder masculino, ya que reproduce estos esquemas al segregar a la mujer migrante a espacios reproductivos.