Concierto Virtual en Conmemoración del día Mundial de la persona refugiada

En el marco de esta conmemoración mundial, desde el Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS), se llevó a cabo un concierto virtual, con la participación de artistas de diversas categorías con números culturales, para establecer unión, solidaridad y brindar mensajes de apoyo a las personas en condición de refugio en Costa Rica.

Apostamos a que las personas en condición de refugio en Costa Rica puedan acceder a sus derechos y no ser objeto de discriminación, xenofobia, racismo o cualquier acción que atente contra su integridad, es por ello que contactamos a varios artistas, para que juntos y juntas, hagamos eco por las y los refugiados en el mundo en particular por quienes se encuentran en Costa Rica.

Participaron en el concierto:

Katia y Nina Cardenal
Alejandra Vega
Marimba Hermanos Palacios
Greivin Rodríguez
Olguita Acuña y Ramiro Vega
Segundo Flores
Luis Pastor
Gaby Baca
Gioconda Belli
Galería 16
Mario Ruiz
Tirzo Berrios
Noelia Navarro
Jandir Rodríguez
Vanesa Quesada
Luis Enrique Mejía Godoy
Alma Rodríguez
Licdos. en Cantinas – Bandoleros
Carlos Mejía Godoy

Concierto Virtual en Conmemoración del día Mundial de Refugiado

En el marco de esta conmemoración mundial, desde el Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS), tendremos un concierto virtual el sábado 20 de junio, que albergará la participación de artistas de diversas categorías con números culturales, para establecer unión, solidaridad y brindar mensajes de apoyo a las personas en condición de refugio en Costa Rica.

Apostamos a que las personas en condición de refugio en Costa Rica puedan acceder a sus derechos y no ser objeto de discriminación, xenofobia, racismo o cualquier acción que atente contra su integridad, es por ello que contactamos a varios artistas, para que juntos y juntas, hagamos eco por las y los refugiados en el mundo en particular por quienes se encuentran en Costa Rica. 

El Concierto se divulgará como Evento desde la pagina de Facebook, el día sábado 20 de junio en horario de 4 p.m a 6:00 p.m

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Pronunciamiento sobre denuncia de amenazas e intimidación a familias refugiadas de Upala

Organizaciones solicitan que se investigue y actúe con diligencia ante las serias denuncias de amenaza e intimidación contra familias refugiadas en Upala

San José, 28 de abril de 2020.- El pasado 23 de abril, personas refugiadas y solicitantes de asilo nicaragüenses, denunciaron que autoridades costarricenses -principalmente oficiales de la Fuerza Pública y Migración- allanaron con actitudes violentas la finca en que viven y trabajan en Upala.

Según las declaraciones de las personas en el lugar, en el operativo participaron cerca de 35 representantes de la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Ministerio de Salud, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y la Municipalidad de Upala, quienes llegaron a la finca en al menos 10 vehículos oficiales. 

De acuerdo con los testimonios recabados, los oficiales ingresaron a la finca alrededor de las 10:00 de la mañana “fuertemente armados”, sin identificarse y de manera inapropiada, allanaron viviendas y desalojaron a los ocupantes de sus cuartos, entre los que se contaron adultos, niños, niñas y personas adultas mayores que se encontraban durmiendo. No presentaron ninguna explicación u orden que justificara su entrada a la propiedad privada que las personas campesinas alquilan en la zona.

Una vez ahí, las reunieron en el área de cocina pidiendo que mostraran sus documentos personales. Según el relato de las familias afectadas, las autoridades trasladaron a la oficina de Migración de Upala a un joven de 24 años solicitante de refugio por no haber asistido a su última cita y, si bien le otorgaron una nueva fecha para presentarse, uno de los oficiales lo atemorizó con deportarlo a Nicaragua si volvían a encontrarlo en la finca, desconociendo con ello el “principio de no devolución” al que se adscribe Costa Rica en el Derecho Internacional para la solicitud de refugio. 

Las personas afectadas sostienen en sus declaraciones que los oficiales de policía les expusieron a aglomerarse, sin el distanciamiento necesario y sin tomar ninguna medida de prevención para evitar el contagio por el COVID-19. Al parecer, el trato fue irrespetuoso e intimidante, incluso amenazándoles con quemar una construcción dentro del terreno destinada a resguardar animales.

Desde el Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (CENDEROS), el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, el Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organizaciones que acompañamos a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en el país, manifestamos nuestra profunda preocupación y solicitamos la investigación respectiva ante los hechos tan graves que aquí se exponen.

Sobra decir que estas personas han padecido las consecuencias de la violencia estatal en su país de origen y por eso rechazamos cualquier accionar que derive en nuevas formas de revictimización en Costa Rica, dónde han tenido que huir para resguardarse. Hemos recuperado los fuertes testimonios de este evento específico en Upala, que nos alerta, pues podría ser apenas un ejemplo de una práctica recurrente en los niveles primarios de atención o respuesta interinstitucional, en lo que respecta al trato que reciben las personas extranjeras.  

Ante la crisis de salud que enfrentamos a nivel mundial, reconocemos la oportuna respuesta del Estado de Costa Rica que ha logrado mitigar la propagación del virus y prestar atención adecuada a las personas que lo han requerido. Sin embargo, insistimos en que se corre el riesgo de que el contagio del COVID-19 resulte en crecientes manifestaciones de discriminación y xenofobia en Costa Rica y ese es un punto que el Estado debe seguir observando con gran atención. El caso de Upala puede ser expresión de esta preocupante dinámica.

Así, el Estado de Costa Rica tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de grupos como el antes descrito.  Si bien es de aplaudir las formas en las que se han evitados discursos o medidas discriminatorias, estigmatizantes o xenofóbicas en relación con la población migrante o extranjera en esta coyuntura de emergencia sanitaria, la sensibilización y la información no están en todos los niveles de la función pública, como lo han insistido diferentes organizaciones desde hace años. Eso por eso que se deben adoptar medidas positivas para combatir dichas prácticas discriminatorias y contraproducentes. 

El Estado costarricense tiene también la obligación de garantizar el acceso de todas las personas a buscar y recibir asilo. En este sentido, recordamos que las medidas implementadas en respuesta al COVID-19, incluido el cierre de fronteras, no pueden impedir que quienes necesitan protección internacional puedan solicitarla, ni deben justificar la devolución de personas solicitantes de asilo o refugiadas a territorios donde estarían en riesgo. 

Confiamos en que los hechos ocurridos el pasado 23 de abril serán investigados, incluidas las amenazas dirigidas de deportación o violencia, con el fin de sancionar a los funcionarios responsables, garantizar la vida e integridad de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, y enviar un mensaje claro de que este comportamiento no será tolerado. 

Esperamos que el Estado de Costa Rica continúe tomando todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de la población, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna por estatus migratorio o nacionalidad.

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El Estado de Costa Rica debe tomar acciones decididas y convincentes para responder a la migración forzada de personas nicaragüenses

San José, 18 de diciembre de 2019.- Este Día Internacional de las Personas Migrantes, el presidente de la República, Carlos Alvarado, se encuentra en Ginebra participando del Foro Mundial sobre Refugiados en el que Costa Rica es coauspiciador. En el marco de su participación, el presidente ha abogado “por políticas públicas integrales basadas en el reconocimiento y protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas”.

No obstante, las organizaciones que acompañamos a la población migrante en el país denunciamos que el discurso sostenido por el Estado costarricense no se ha traducido en acciones concretas para responder de manera integral y efectiva a la situación de la población migrante, refugiada y solicitante de esta protección.

Previo a la crisis de violencia política que ha provocado la movilización forzada de miles de nicaragüenses a Costa Rica; alrededor de 150 mil personas migrantes forzadas ya subsistían en el país, en una situación de inseguridad jurídica y en muchos casos de precariedad económica.

Aunque las barreras que impiden el acceso oportuno a procesos expeditos de regularización migratoria el país y a la integración local necesaria en materia de salud, educación, trabajo digno y vivienda, no son un asunto nuevo, sin duda alguna, la ausencia de una estrategia efectiva se ha visto más evidenciada con la movilización forzada de miles de personas, a raíz de la escalada de represión política y el declive económico en Nicaragua. A la fecha, las medidas asumidas por el Estado para responder a esta situación resultan insuficientes y las personas migrantes y refugiadas nicaragüenses están expuestas a condiciones de inseguridad y vulnerabilidad. 

En este sentido, denunciamos que el proceso de solicitud de refugio se ha caracterizado por la imposición de una serie de obstáculos que limitan las posibilidades reales de las personas nicaragüenses para solicitar protección internacional. Entre ellas, recalcamos la falta de incorporación de la definición ampliada de persona refugiada establecida en la Declaración de Cartagena de 1984 mediante la cual se debe reconocer el derecho al asilo de las personas nicaragüenses por encontrarse huyendo de la actual crisis social y política que ha causado una violación masiva a derechos humanos. 

Asimismo, resultan preocupantes los altos costos que deben asumir las personas migrantes para llevar adelante gestiones migratorias; la diversidad de requisitos de difícil acceso, entre documentos y pruebas, que deben presentar a lo largo del proceso de regularización; además de la falta de acceso a servicios de orientación y asistencia legal. Todas estas condiciones limitan el acceso a refugio y dejan en situación de desprotección e inseguridad jurídica a las personas con mayores necesidades de protección internacional. 

Por otra parte, las organizaciones firmantes denunciamos la falta de acceso de las personas migrantes y refugiadas al derecho a la salud, a la vivienda, a la educación y al trabajo. Con respecto a este último, en su informe de septiembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó que “un 76,31% de las personas entrevistadas no había accedido a un trabajo formal en Costa Rica, lo cual, a su vez, podría tener un efecto pernicioso en el ejercicio de otros derechos humanos”.

Asimismo, la Comisión indicó que los permisos laborales no se están otorgando en el plazo de tres meses que determina el Reglamento para Personas Refugiadas y documentó que, incluso una vez obtenido el permiso laboral, las personas solicitantes de asilo y refugiadas no pueden ejercer formalmente todo tipo de trabajo pues existe una lista taxativa de aquellas labores que requieren de una categoría migratoria especial.

Frente a este grave contexto, como ya ha indicado la CIDH, instamos al Estado de Costa Rica a eliminar los obstáculos para el acceso al refugio; a reconocer la definición ampliada de persona refugiada; y a “asegurar otras formas de protección internacional a aquellas personas extranjeras que no reúnan los criterios para ser consideradas refugiadas y solicitantes de este estatuto, pero que sí presentan una necesidad de protección internacional, respetando y garantizando el derecho a la no devolución y las garantías mínimas del debido proceso en la Convención Americana”. Además, revisar cuáles son las acciones que deben tomar para dar curso a modalidades de regularización simplificada para personas con arraigo en Costa Rica que, muy a pesar de sus intentos, no encuentran una modalidad para establecerse de forma documentada.

Hacemos un llamado al Estado costarricense para que adopte las medidas necesarias para que las personas que han solicitado protección internacional puedan acceder a un permiso laboral desde el momento en el que presentan dicha solicitud, sin distinción alguna; al tiempo que garantice las condiciones necesarias para el acceso a salud, vivienda y educación. 

En este Día Internacional de las Personas Migrantes, las organizaciones firmantes exigimos que el Estado de Costa Rica honre sus compromisos internacionales y avance hacia el cumplimiento efectivo de sus obligaciones en materia de derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio a través de la implementación de medidas concretas y principalmente, de gran alcance, que garanticen el reconocimiento pleno de su dignidad y sus derechos.

Organizaciones firmantes: 

CENDEROS
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Colectivo Bienestar y Migraciones Costa Rica
Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica